Santiago 8 Abr. (ATON) -
El parlamentario se mostró partidario de la revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales en recintos educacionales.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, expresó su respaldo a los proyectos de Escuelas Protegidas impulsados por el Ejecutivo, destacando la urgencia de recuperar la autoridad docente y restablecer el orden en los establecimientos.
En diálogo con CNN Radio, el legislador sostuvo que la permisividad de los últimos años ha permitido que los jóvenes legitimen la violencia como método de acción. Los colegios no son para ir a manifestarse, son para aprender. El presidente del Colegio de Profesores tiene que entender que no todo en la vida es manifestarse .
En defensa de las medidas preventivas, el parlamentario planteó que la revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales son acciones de sentido común para impedir el ingreso de armas blancas o de fuego.
Recordó el caso del Colegio Salesiano de Valparaíso, donde la justicia avaló estas prácticas priorizando la seguridad física de la comunidad. Hoy día el espacio de clases está siendo un lugar constante de vulneración de derechos de estudiantes y profesores, donde estos últimos han perdido mucha autoridad por el temor a ser apuntados con el dedo , señaló.
Uno de los aspectos más debatidos en la discusión legislativa es la posibilidad de retirar beneficios estatales a quienes cometan delitos graves en el ámbito escolar. Longton fue categórico en respaldar la eliminación de la gratuidad universitaria para alumnos condenados por hechos violentos: La gratuidad es un beneficio social que todos los chilenos financian con esfuerzo. Es tremendamente injusto premiar a alguien que cometió un grave delito con este beneficio mientras otros jóvenes esforzados se quedan sin él .
Además, insistió en endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, eliminando reglas garantistas que derivan en sanciones bajas y poco efectivas para la rehabilitación.
El senador también abordó su propuesta de modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el objetivo de dotarlo de mayor imparcialidad y ampliar sus atribuciones para querellarse contra particulares en casos de terrorismo y secuestro, especialmente en la Macrozona Sur.
Criticó lo que considera una politización del organismo, recordando la salida de Sergio Micco y la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes tras el estallido social. El INDH no está para hacer política, está para proteger los derechos humanos de todos los chilenos. Hoy está muy sesgado, con una mirada radicalizada que no representa el sentir de la mayoría del país , concluyó.