Santiago 6 Feb. (ATON) -
La decisión se adopta tras auditorías, una querella del CDE y una investigación penal en curso. Se indagan transferencias sin autorización y eventual perjuicio fiscal millonario.
Una compleja situación administrativa y judicial marca al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua, luego de que el Ministerio de Educación decidiera no renovar en el cargo a su director ejecutivo, Óscar Leonardo Fuentes Román, medida adoptada mediante un oficio fechado el 22 de enero y firmado por el ministro Nicolás Cataldo.
Fuentes había asumido la dirección en enero de 2020, cumpliendo así el período legal de seis años. Su salida se produce en medio de uno de los episodios más críticos que han enfrentado los SLEP desde su puesta en marcha, tras detectarse irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración.
Las observaciones surgieron a partir de auditorías de Contraloría a las rendiciones de fondos, donde se advirtió la emisión de cheques a docentes utilizando recursos de emergencia destinados a la pandemia de Covid-19, además de traspasos de dinero sin autorización de la Dirección de Presupuestos ni de la Dirección de Educación Pública. A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O Higgins inició diligencias investigativas y en febrero de 2024 allanó las dependencias del servicio en San Fernando.
Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por presunta administración desleal de fondos públicos que habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $2.253 millones. Aunque en un inicio se indagaba una eventual malversación, el caso habría evolucionado hacia posibles infracciones vinculadas a la normativa de cuentas corrientes.
El exdirector fue suspendido en marzo de 2023 y sometido a un proceso de remoción que se extendió por cerca de tres años sin resolución definitiva, periodo en el que continuó percibiendo una remuneración cercana a los $4,8 millones mensuales pese a no ejercer funciones.
Sin embargo, la crisis institucional no se detiene. El 21 de enero ingresó a Contraloría una nueva denuncia presentada por un funcionario, la cual apunta a diversas anomalías ocurridas bajo la gestión del director ejecutivo suplente, Rodrigo Valenzuela Muñoz, quien asumió en agosto de 2024 tras ser designado por el Presidente Gabriel Boric.
Entre los antecedentes acompañados se mencionan ascensos de grado y cambios de estamento a al menos 15 funcionarios a inicios de 2025 sin autorización presupuestaria ni cumplimiento de instructivos de austeridad, además de la presunta utilización de $37 millones del Plan de Reactivación Educativa para el pago de remuneraciones, lo que no estaría permitido.
La denuncia también cuestiona contrataciones de asesorías por cerca de $15 millones y sugiere eventuales vínculos personales entre funcionarios y consultores externos. A ello se suman observaciones por un supuesto pago en exceso a un proveedor de gift cards destinadas a estudiantes, así como irregularidades en la asignación de horas extraordinarias a funcionarios.
En paralelo, Valenzuela enfrenta tres demandas laborales por presuntos episodios de maltrato, causas que actualmente se encuentran en tramitación. En una de ellas, una directora de establecimiento acusa haber sido maltratada e insultada durante una reunión sostenida con autoridades del servicio.
Con estos antecedentes, el escenario del SLEP de Colchagua permanece bajo revisión de los organismos fiscalizadores, en medio de cuestionamientos a su gestión administrativa y al uso de recursos públicos destinados al sistema educativo en la zona.