Santiago 29 Abr. (ATON) -
El servicio educativo se pronunció sobre el informe de la CGR que acusó una débil labor fiscalizadora en las escuelas que concentran la mayor cantidad de sanciones y denuncias por agresiones en contexto escolar.
La Superintendencia de Educación respondió a la investigación informada ayer lunes por la Contraloría General de la República (CGR) y que detectó falta de fiscalización por parte de la institución en los establecimientos educacionales que presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar.
Respecto a la supuesta falta de fiscalización en establecimientos con alto número de denuncias por convivencia, es necesario aclarar que esa acción sí se realiza en estos recintos y que nuestro servicio actúa constantemente en ellos , aseguró Pamela Adriazola, superintendenta (s) de Educación.
Y explicó que el servicio desarrolla programas de fiscalización para aumentar nuestra cobertura. Pero en aquellos establecimientos que registran alta cantidad de denuncias, como los liceos emblemáticos, estos procedimientos se realizan a través de las mismas denuncias para evitar agobiar a los equipos directivos con duplicidad de fiscalizaciones .
Asimismo, Adriazola aclaró que en el caso de las denuncias de convivencia se trabajan principalmente mediante la gestión colaborativa de conflictos, por lo que solo un porcentaje acotado de ellas pasa a fiscalización .
Desde la institución afirmaron que siempre van a priorizar la conciliación en materia de gestión de denuncias de convivencia escolar para apoyar a los establecimientos en la resolución interna de sus conflictos y con esto quitar sobrecarga administrativa y excesiva burocracia, consecuencia de una tramitación de una denuncia, evitando el exceso de fiscalización y un posible proceso sancionatorio por parte de esta Superintendencia .
Con lo anterior queremos dar una señal clara a las comunidades educativas, que nuestro foco está en acompañar en el cumplimiento de la normativa y no solo fiscalizar y sancionar , sentenciaron.
Cabe señalar que fue la Contraloría quien, en el informe N°660 de 2025, verificó las acciones efectuadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación.
En dicho documento reveló que existía falta de fiscalización por parte de la superintendencia, informando que solo el 10% de las acusaciones terminó en una investigación por parte del servicio.