(Foto de ARCHIVO) El Tribunal Constitucional de Perú anuló el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala, condenado en 2025 a 15 años de prisión por blanqueo de capitales, dejó sin efecto la sentencia y abrió la puerta a que sea - Europa Press 2017
Santiago 31 Jul. (ATON) -
Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala -recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011- corresponde a un delito que Perú tipificó a finales de 2016. El expresidente fue condenado en 2025 a 15 años de cárcel.
El Tribunal Constitucional de Perú anuló el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala, condenado en 2025 a 15 años de prisión por blanqueo de capitales, dejó sin efecto la sentencia y abrió la puerta a que sea liberado.
La nulidad del proceso, que también alcanza a su mujer Nadine Heredia, repercute en las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 y a todas las actuaciones que se derivaron de ellas. Esto incluye las decisiones judiciales que en un primer momento obstaculizaron las solicitudes de anulación y el fallo judicial de 2025.
No obstante, la votación no ha salido adelante de forma unánime: cinco magistrados votaron a favor y otros dos en contra. La Fiscalía debe ahora cerrar oficialmente el caso y archivar todo lo investigado hasta la fecha. El tribunal tendrá ahora que definir la situación legal de Humala.
La decisión judicial se sustenta sobre la idea de que el expresidente no puede ser condenado por un delito que, cuando tuvo lugar, no había sido aún tipificado. Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala -recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011- corresponde a un delito que Perú tipificó a finales de 2016.
De esta forma, la corte ha hecho hincapié en que no puede ser castigado con una normativa que "no existía en aquel momento", lo cual es inconstitucional. La ley vigente no sancionaba simplemente el hecho de recibir dinero sospechoso para una campaña. Esa ley iba más allá y exigía que se cumplieran una serie de requisitos.
Además, el tribunal ha afirmado que tampoco se hallaron pruebas suficientes de que Humala supiera que ese dinero venía de un origen ilegal, algo que --según recalca el fallo-- no se puede simplemente asumir sin demostrarlo.
Es por ello que la Justicia peruana ha concluido que sí hubo una violación de los derechos de Humala, y que esa violación afectó directamente su libertad personal.