Santiago 21 Mar. (ATON) -
Los imputados buscan anular la revocación de licencias impuesta tras la investigación marítima. Familiares de las víctimas del Bruma aseguran que existen pruebas contundentes contra la tripulación.
Un nuevo capítulo judicial se abrió en el denominado Caso Bruma , luego de que los imputados vinculados al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema para intentar revertir las sanciones administrativas que afectaron sus licencias.
La acción fue duramente cuestionada por familiares de los pescadores fallecidos en la colisión ocurrida hace casi un año, quienes calificaron la medida como un intento desesperado por parte de los involucrados.
Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, representantes de las familias, afirmaron que los imputados buscan evadir responsabilidades pese a la existencia de antecedentes relevantes. En ese contexto, señalaron que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse, porque están desesperados, porque siempre hemos ido adelantados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no han sabido qué hacer y se contradicen en sus declaraciones .
El recurso presentado apunta a dejar sin efecto las sanciones derivadas de la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM), que determinó la revocación de por vida de la licencia del capitán Roberto Mansilla, además de suspensiones para otros miembros de la tripulación.
La ofensiva judicial se produjo luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible una presentación anterior, lo que motivó a los imputados a acudir al máximo tribunal del país.
Desde la parte querellante, el abogado Rafael Poblete manifestó su confianza en que la resolución previa se mantenga, calificando el recurso como absurdo .
Por su parte, la defensa, representada por el abogado Alejandro Espinoza, argumentó que la sanción aplicada presenta irregularidades, señalando que se fundamentó en hechos y norma jurídica que no fueron objeto de la formulación de cargos , además de acusar vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso , junto con la afectación de garantías como el derecho al trabajo .
Asimismo, sostuvo que la decisión administrativa no cumple con los estándares necesarios y cuestionó el criterio aplicado por la autoridad marítima respecto a la responsabilidad del capitán.
Con este escenario, será la Corte Suprema la que deberá definir el futuro de este recurso, en paralelo al proceso penal que continúa su curso tras la reciente formalización realizada en Coronel.