Santiago 25 Sep. (ATON) -
La decisión deja en suspenso el bloqueo de tribunales inferiores y permite utilizar el sistema antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, pese a las advertencias sobre privacidad y posibles errores en la identificación de ciudadanos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este viernes a la Administración Trump a emplear una base de datos federal ampliada que contiene información sobre la ciudadanía y destinada a verificar la elegibilidad de los electores para los comicios de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.
La corte, de mayoría conservadora, resolvió de este modo con el respaldo de seis de sus nueve magistrados, accediendo a una solicitud de emergencia del Gobierno, después de que tribunales inferiores dictaminaran que este hacía un uso indebido de esa base de datos con información de la Seguridad Social y violando la privacidad de los ciudadanos.
En particular, la sentencia apunta que la resolución de la jueza Sparkle Sooknanan bloqueando la ampliación de la base de datos "obstaculiza los esfuerzos del Gobierno federal por ayudar a las agencias estatales y locales en la correcta gestión de las elecciones de mitad de legislatura".
Al mismo tiempo, rechaza el argumento sobre la privacidad, alegando que el Congreso autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a acceder a los datos de la Seguridad Social.
La resolución supone que la Administración Trump puede poner en marcha el sistema en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y llega diez después de que el mismo alto tribunal asestara un golpe al mandatario al negarle el uso del Servicio Postal para restringir el voto por correo en estos comicios.
La medida impulsada por Trump mediante un decreto presidencial el año pasado, consiste en recopilar datos de la Administración de la Seguridad Social -incluida información sobre ciudadanos estadounidenses- y permite a los estados realizar consultas masivas con el objetivo de depurar sus censos electorales, pese a que la ley federal prohíbe a los estados eliminar "sistemáticamente" a personas de los censos electorales 90 días antes de unas elecciones.
El presidente norteamericano afirma que está tratando de impedir que voten los no ciudadanos, aunque diversos estudios han demostrado en repetidas ocasiones que se trata de un fenómeno poco frecuente.
Los demandantes, encabezados por la Liga de Mujeres Votantes, advirtieron de que los cambios de Trump están poniendo en riesgo los datos sensibles de los estadounidenses y provocando que se cancelen por error las inscripciones electorales de ciudadanos.