Santiago 8 Abr. (ATON) -
Las comisiones de Educación y Constitución de la Cámara de Diputados iniciaron hoy la discusión por los dos proyectos presentados por el Gobierno para enfrentar el incremento de la violencia en los establecimientos educacionales
Las comisiones de Educación y Constitución de la Cámara de Diputados iniciaron hoy la discusión por los dos proyectos presentados por el Gobierno para enfrentar el incremento de la violencia en los establecimientos educacionales
Como introducción, la ministra María Paz Arzola afirmó ante la comisión del ramo que hoy el derecho a la educación está gravemente amenazado por la inseguridad y por la ocurrencia de hechos no solo violentos, sino que abiertamente delitos en el espacio escolar .
Luego, la ministra presentó el plan denominado Escuelas protegidas considera medidas legislativas que apuntan a abordar temas complejos en la convivencia escolar.
Según las cifras expuestas, en 2025 existieron diariamente, en promedio, 43 delitos, faltas o infracciones vinculados a violencia escolar. De estos, 31 correspondieron a delitos contra la integridad de las personas, cinco a delitos asociados a drogas y 4,5 a delitos vinculados al porte de armas.
En primer lugar, el proyecto introduce cambios a Ley general de Educación y otros cuerpos legales, para adoptar medidas que enfrenten la violencia escolar, a partir de:
- Evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar o que podrían ser potencialmente peligrosos para los miembros de la comunidad educativa. Esto a partir de la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personal de los estudiantes.
- Modificar del Código Procesal Penal que faculta a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para efectuar la revisión de vestimentas y/o efectos personales de los estudiantes, con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
- Establecer que las denuncias de convivencia se deberán realizar tras agotar todas las instancias de gestión colaborativa.
- Evitar la interrupción violenta de clases, como prohibir el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial. Asimismo, incorporar como causal de afectación grave a la convivencia escolar aquellos actos que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o altere la jornada escolar.
- Incorporar como requisito para obtener la gratuidad en la educación superior, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
AGRAVANTES DE DELITOS
El segundo proyecto, radicado en la Comisión de Constitución, aborda el régimen penal de delitos cometidos dentro de un establecimiento escolar o en lugares donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares, y que afecten a miembros de la comunidad educativa.
Al respecto, el texto dispone incorporar como agravantes cometer ciertos delitos en contra de integrantes de las comunidades educativas y cometer estas conductas dentro de los establecimientos.
En la instancia, tras la presentación realizada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, las y los legisladores plantearon la necesidad de revisar si estas figuras agravadas se pueden también considerar en otras áreas como los centros de salud.
Pero, igualmente, criticaron que no queda claro cómo se interrelaciona esta propuesta normativa con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Ambas instancias acordaron recibir opiniones de expertos, así como de representantes de las áreas afectadas para avanzar en la discusión.