Archivo - Chile.- Azul Azul aprobó a Fernando Gago para ser el nuevo entrenador de la U - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo
Santiago 26 May. (ATON) -
Héctor Humeres, representante de la casa de estudios en la concesionaria que administra a Universidad de Chile, puso en duda la fórmula que utilizó el abogado para adquirir los títulos de la familia Schapira.
Ciper publicó un revelador artículo donde dio cuenta de que José Ramón Correa, abogado de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, pidió un crédito de 7,5 millones de dólares a un fondo de inversión para comprar el 21% del paquete accionario de la familia Schapira.
Lo llamativo es que la empresa a la cual le solicitó el dinero, Sportscap Credit Fund LLC, es administrada por el ex dueño de Ñublense, Patrick Kiblisky, y Jacques Gliksberg, socio del otrora mandamás de Huachipato Victoriano Cerda, deslizando un nuevo vínculo entre los tres clubes.
Por si fuera poco, este mismo grupo abonó 18 millones de la divisa norteamericana a Bulla SpA, sociedad que creó Clark después de los cuestionamientos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ante la compra del 63% de Azul Azul sin lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA).
Ante el revuelo generado por el reportaje, Héctor Humberes, director de la sociedad anónima en representación de la casa de estudios, indicó a radio ADN que "nada puede objetarle a una persona que pida préstamos a otra, pero que eso se sepa y no que se conozca después, prácticamente como un hecho de carácter judicial".
El académico incluso afirmó que "le pregunté a José Ramón y me dijo que no podía hablar porque la CMF lo tenía prohibido. Son circunstancias que van dando la idea de que hay algo oscuro atrás. Quizá no lo hay, pero da la impresión de que hay algo raro y afecta la operación".
Por último, Humberes remarcó que "da la impresión que hay un gran inversionista detrás del Bono Bulla, del tema Antumalal y el caso de Correa. Parece que se está descubriendo algo grande, esto complica al club".