MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentará este miércoles por la tarde a las organizaciones sindicales UGT y CCOO y las empresariales Seopan, CNC y APCE el nuevo Plan Estatal de Vivienda para los años 2026-2030, con el que se quiere triplicar la financiación en políticas de vivienda, hasta los 7.000 millones de euros.
Así, el Departamento de Isabel Rodríguez arranca este miércoles la audiencia pública previa del Proyecto de Real Decreto con el objetivo de aprobar el plan en el Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre, como paso previo a su entrada en vigor en el próximo ejercicio.
Según el calendario presentado por Isabel Rodríguez ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, está previsto, de igual manera, una reunión multilateral y sectorial con las Comunidades Autónomas en la segunda quincena de septiembre para tratar este nuevo Plan Estatal.
La principal novedad del plan respecto al anterior reside en triplicar la financiación y en blindar el parque público de vivienda, con el objetivo de alcanzar estándares europeos tanto en volumen como en protección.
El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista en el plan, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
UN 40% DEL PRESUPUESTO PARA AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PÚBLICA
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
Además, contempla que la mayor parte de los fondos, hasta un 40%, se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes, como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesitan.