MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha ordenado al partido oficialista mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retirar de sus mensajes en redes sociales y otras plataformas electrónicas la frase "traidores a la patria", como alusión a diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El INE considera que se habría incurrido en una posible calumnia y una campaña de comunicación que incita al odio y dicta la medida de "tutela preventiva" por considerar que hay riesgo de que se repitan este tipo de conductas.
Diuptados de la oposición denunciaron la presunta violencia política por la difusión de dos videos del 18 abril de 2022 publicados en Facebook y Twitter en los que, en opinión de los denunciantes, se les calumnia.
Este tipo de manifestaciones podrían además vulnerar el derecho de las personas legisladoras al efectivo desempeño del cargo, "porque parece que votar en contra de las propuestas de reforma legislativa realizadas por el partido político mayoritario o por el Presidente de la República les conllevaría ser señalados mediante una campaña de odio en su contra".
La medida está directamente vinculada con el hecho de que "traición a la patria" es un delito tipificado en el Código Penal Federal y cuya comisión no estaría demostrada.
La Cámara de Diputados de México rechazó el pasado 17 de abril la iniciativa presentada por López Obrador tras una sesión de más de doce horas en la que el Ejecutivo no alcanzó los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. La votación se saldó con 275 apoyos y 223 votos en contra.
La oposición argumentó su rechazo a la reforma en que llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad, algo que, sin embargo, el propio presidente de México ha desmentido en varias ocasiones.
Otro de los opositores de la reforma es Estados Unidos. El país vecino ha sostenido que esta ley podría perjudicar sus inversiones, por lo que planteó al Ejecutivo de López Obrador una serie de requerimientos.