MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Exterior de Venezuela ha rechazado este viernes de manera "enérgica" el memorando "injerencista" firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que acusa a Venezuela, junto a otros tres Estados, de no llevar a cabo los suficientes esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas.
"La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente el inconsistente memorando (...) de naturaleza injerencista y con carencia legal, sobre 'los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2023'", reza el comunicado compartido por la diplomacia venezolana.
Venezuela ha calificado la publicación de "infame", a la vez que ha asegurado que cumple sus compromisos en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas "bajo los cimientos de Naciones Unidas y en total aversión a las prácticas unilaterales de evaluación politizada".
Asimismo, el Ejecutivo venezolano ha cuestionado el papel de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense en el país latinoamericano, ya que, "desde la expulsión" del organismo, se habrían llevado a cabo las incautaciones "más grandes de la historia" venezolana y se habría dado "guerra sin cuartel" contra los narcotraficantes.
Con todo, Caracas ha acusado a Washington de emitir "juicios infundados" para justificar sus gastos anuales dedicados a abordar "el gran problema de salud pública que representa el consumo de drogas en Estados Unidos".
"Según el Reporte 2022 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), (las drogas) se cobraron alrededor de 107.000 vidas en 2021", ha recordado Venezuela.
"La República Bolivariana de Venezuela condena el rol de la administración estadounidense en pretender ser el policía de la arena internacional y de persistir en la imposición de políticas extraterritoriales", ha añadido, reafirmando su compromiso "irrestricto" en la lucha contra las drogas.
En el memorando firmado por Biden el pasado jueves, declaró que Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela no habían realizado esfuerzos suficientes en los últimos 12 meses para cumplir con "sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos".