MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Hasta ocho partidos de la oposición han denunciado a través de un comunicado conjunto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de cometer un "golpe de Estado" después de anunciar su intención de viabilizar a través de decreto la consulta popular sobre la reforma laboral que fue rechazada por el Senado.
Para estas formaciones se trata de una "acción unilateral e inconstitucional" y han apelado a las principales instituciones judiciales del Estado a actuar. De concretarse la iniciativa de Petro, dicen, "representaría una violación grave, abierta, y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes".
"El Congreso de la república, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta y esta decisión deber ser respetada", ha insistido la oposición en un comunicado firmado, entre otros, por Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático, o Partido de la U.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este Gobierno está causando. No podemos quedarnos callados (...) Es hora de actuar con firmeza", señala una nota en la que se insta a la ciudadanía a "rodear a las instituciones y proteger" la Constitución.
Las quejas de la oposición responden a la idea del presidente Petro de viabilizar a través de decreto presidencial la consulta popular de doce preguntas que a su juicio el Senado echó para atrás de forma fraudulenta.
"Voy a decretar la consulta. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí", dijo el martes durante la reunión con su gabinete.
"El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia", insistió Petro, acusando de nuevo al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de haber obrado mal durante la votación. "Lo que hizo fue una vagabundería", incidió.
El Senado tumbó a mediados de mayo un pliego de doce preguntas sobre la reforma laboral por 49 votos en contra y 47 a favor. El Gobierno denunció que la votación se cerró de manera irregular y que Cepeda además permitió modificar el voto de uno de los senadores de la oposición una vez ya se había pronunciado.