MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
El senador colombiano Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso judicial que enfrenta el expresidente del país Álvaro Uribe, ha mostrado su desacuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, que este martes ha ordenado la libertad inmediata del político conservador, condenado a doce años de prisión domiciliaria, y ha apuntado a "presiones" por parte de Uribe a la justicia.
"Nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, más no la compartimos", ha afirmado desde el Congreso, antes de asegurar que tomará "acciones (...) pero con toda la calma y la serenidad respetamos esta decisión".
Además, ha declarado que tiene "la plena certeza de que el condenado expresidente Álvaro Uribe viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra". En este sentido, ha lamentado la suspensión de la prisión domiciliaria al considerar que era una medida "para protegernos de ese tipo de acciones.
Con todo, ha recordado que la decisión de la corte, que ha revocado la privación de libertad impuesta al exmandatario "hasta" que dictamine sobre el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia, "no significa la inocencia del expresidente Uribe, ni que se hayan desvanecido los cargos". "El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia", ha agregado.
El Tribunal Superior de Bogotá ha justificado su decisión al considerar que prima la presunción de inocencia del acusado y cuestionar las motivaciones de la magistrada Sandra Heredia al imponer el arresto domiciliario, calificando estos criterios de "vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social".
Además de la prisión domiciliaria, ahora revocada, el expresidente ha sido condenado a una inhabilitación por más ocho años y al pago de una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros).
La jueza considera que el exmandatario de 73 años, quien ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.