Archivo - El expresidente de Perú Pedro Castillo - PRESIDENCIA DE PERÚ - Archivo
MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de Perú ha admitido a trámite la solicitud de 'habeas corpus' con la que el equipo legal del expresidente Pedro Castillo busca lograr su puesta en libertad tras el informe de un grupo de expertos de la ONU, que ha concluido que su detención en el marco de la investigación por un supuesto intento de golpe de Estado fue "arbitraria".
El abogado Walter Ayala, quien fuera ministro de Defensa del propio Castillo, ha indicado que el poder judicial de Perú comenzará a evaluar dicha petición, que incluye siete puntos que incluyen la anulación de la resolución del Congreso que derivó en la destitución de Castillo como presidente y con la que se ordenó su detención.
Asimismo, Ayala ha argumentado en declaraciones concedidas a la emisora peruana RPP que las medidas que se tomaron contra el exmandatario "no eran legales" y ha pedido que se "restituya la libertad queperdió en diciembre de 2022" tras la disolución del Parlamento.
Para los expertos de la ONU, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- -derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia-- y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.
Ante este escenario, han solicitado que el Estado peruano lleve a cabo la liberación inmediata de Castillo y han afirmado que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria.
No obstante, el ministro de Exteriores de Perú, ha arremetido contra este documento y ha afirmado que "no constituye una decisión jurisdiccional obligatoria". Su objetivo, ha indicado, es "promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de Derechos Humanos".
En este sentido, ha recalcado que "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno".
A finales de 2025, un tribunal de Perú condenó a más de once años de prisión al expresidente por el delito de conspiración para cometer rebelión, al considerar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022 por tratar de disolver el Congreso y establecer un "Gobierno de excepción". Fue detenido tras anunciar dicha disolución en un mensaje a la nación y, posteriormente, destituido.
Su equipo legal ha presentado en varias ocasiones peticiones para que sea indultado, si bien todas ellas han sido rechazadas por la Justicia de momento. La destitución de Castillo desencadenó protestas y episodios de violencia en varias regiones del país, que dejaron decenas de muertos, además de abrir una nueva fase de crisis política en Perú.