MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los primeros diez días de mandato del presidente peruano José Jerí se han saldado con al menos 54 muertes violentas, entre ellas la de un manifestante durante las primeras protestas a su gestión que se celebraron cinco días después de recibir la banda presidencial después de la destitución de Dina Boluarte.
De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 10 y el 21 de octubre se han registrado 54 homicidios. En Perú se produce uno cada casi cuatro horas. Las regiones más afectadas son las de Lima, con 22 casos, o La Libertad, con una decena.
Estos homicidios son parte de los 1.798 que se han registrado entre el 1 de enero hasta la fecha, cifras que podrían ser incluso mayores. La cuestionada gestión de Boluarte llegó a su fin tras meses de protestas contra la ineficacia de las autoridades para hacer frente a un grave problema de inseguridad y el crimen.
La salida de Boluarte, que hasta entonces había sorteado varios intentos por deshacerse de ella, se aceleró después de que se produjera un tiroteo en un concierto en Lima, que dejó varios heridos, entre ellos los propios músicos.
La primera medida adoptada por el presidente Jerí --también muy cuestionado y con un historial de conducta sexual inapropiada-- fue decretar el estado de emergencia en Lima y Callao, una maniobra que no sirvió a su antecesora y que ahora no ha evitado el asesinato de un policía en sus primeras horas de vigencia.
A pesar de recurrir al estado de emergencia, los homicidios y las extorsiones han ido en aumento, especialmente contra los transportistas, quienes han estado encabezando estas últimas manifestaciones. Esta medida, según han denunciado colectivos y la oposición, apunta directamente hacia el derecho a la protesta.
Los detractores del estado de emergencia señalan que la presencia de los militares en las calles no combate unas redes de extorsión que se lanzan a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil. La propuesta que Boluarte le dio a los transportistas fue que no atendieran llamadas de números desconocidos.
PRIMERA MUERTE DE UN MANIFESTANTE
Jerí ha entrado en la lista de presidentes peruanos con algún muerto a sus espaldas mientras se manifestaban en contra de su gestión. Algunos como Manuel Merino salieron apenas cinco días después de asumir el cargo nada más confirmarse los primeros fallecidos en las protestas, a diferencia de otras como Boluarte, que ahora sin inmunidad encaran una investigación por la muerte de 49 manifestantes entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
A los cinco días de recibir la banda presidencial, Jerí tuvo que encarar su primera manifestación en contra, en esta ocasión liderada por colectivos de estudiantes y jóvenes que además de por la inseguridad protestaban por la falta de oportunidades. Aquella movilización dejó decenas de heridas y una muerte.
Eduardo Ruiz Sanz falleció, según la autopsia, por un disparó del agente Luis Magallanes, que en ese momento vestía de civil. Una muerte que para el recién nombrado primer ministro, Vicente Tiburcio, no tendría un coste político.
Por su parte, la Policía, después de asumir su responsabilidad en lo ocurrido y anunciar una investigación, con el paso de los días ha acabado por reconocer al suboficial Magallanes como un "héroe" que actuó en "legítima defensa", a pesar de que esta versión contradice las imágenes que grabaron la muerte de Sanz.
En paralelo, una última encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) refleja uno de los mayores índices de desaprobación de la Policía peruana en los últimos diez años, con un descrédito del 83 por ciento.
El deterioro de la imagen de la Policía se ha agravado en los últimos tiempos por la gestión de la inseguridad, o su papel en la represión de las protestas, pero también por los hasta mil casos de agentes detenidos, desde agosto, por diferentes motivos, entre ellos violencia machista, lesiones, o atentado contra la vida.
La crisis política que arrastra Perú desde 2016 ha hecho evidente la necesidad de una reforma de la institución, que depende de una cartera del Interior por la que han pasado hasta ocho ministros solo en los tres años de gobierno de Boluarte.