Archivo - Gente camina por una calle de Sudán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha advertido este martes de que contratistas militares privados colombianos, supuestamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), han pasado por bases militares de ese país de Oriente Próximo para, posteriormente, ser desplegados en Sudán en aras de apoyar a las "abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido" (RSF).
"EAU está ayudando o contribuyendo de manera sustancial a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra", ha insistido la organización en una nota de prensa en la cual alude a su informe 'De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán'.
En ese documento, la organización sostiene que "desde 2024" la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG, por sus siglas en inglés), con sede en Abu Dabi, "contrató a cientos de contratistas militares privados colombianos que fueron desplegados en Sudán para participar en hostilidades junto a las RSF, que combaten contra las Fuerzas Armadas sudanesas".
A este reclutamiento, la directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, ha sumado el "creciente conjunto de evidencias de que EAU brinda apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido", paramilitares a las cuales ha achacado la comisión "repetida" de "crímenes atroces" en Sudán. Por ello, ha instado a los gobiernos del mundo a "exigir públicamente" que Emiratos "deje de suministrar armas, equipo, personal y otro tipo de apoyo militar" a las RSF.
Esta campaña de reclutamiento a la que alude la ONG habría estado dirigida por entidades privadas, según el informe de HRW, que concluye que los reclutas "pasaban por una base militar de EAU en Giyazi y lo que parece ser una instalación militar en Al Wazba", ambas en el Emirato de Abu Dabi. Tanto es así que un contratista militar colombiano desveló en una entrevista con la organización que cuando llegó a Emiratos "se saltó los controles de inmigración" siendo trasladado a la citada base, donde fue entrenado por ciudadanos emiratíes.
La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán encuentra su génesis en una serie de vídeos difundidos en redes en noviembre de 2024. Las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados --una coalición de grupos armados aliados con el Ejército sudanés--, que realizaron tales grabaciones, habían interceptado un convoy de colombianos que había entrado a Sudán desde Libia.
Por su parte, HRW "verificó y geolocalizó" vídeos que exhibían a contratistas militares privados de origen extranjero, aparentemente colombianos, combatiendo en El Fasher durante la toma de la ciudad por parte de las RSF en el otoño de 2025. Entonces, ha agregado la ONG, los residentes fueron blanco de abusos generalizados, entre ellos asesinatos, violaciones, hambruna, y ataques selectivos contra personas con discapacidad.
Al respecto, seis testigos han afirmado haber visto a combatientes extranjeros "blancos" en el lugar de los asesinatos masivos acometidos por estos paramilitares. Los mismos, agrega el comunicado de Human Rights Watch, vestían el mismo equipo de protección que se ve en los vídeos: cascos, chalecos antibalas y rodilleras.
RECLUTAMIENTO DE MENORES
Otro de los contratistas colombianos consultados por la ONG manifestó haber entrenado a reclutas de las RSF en campamentos ubicados alrededor de la ciudad de Nyala, en el oeste de Sudán, los cuales suelen ser utilizados por las fuerzas paramilitares como su "base principal" en Darfur del Sur. En estos entrenamientos, aseguró el entrevistado, "muchos reclutas eran niños pequeños".
De acuerdo con el Derecho Internacional, está prohibido el reclutamiento o la utilización de menores de edad en conflictos armados, constituyendo un crimen de guerra el caso de reclutar a un niño menor de 15 años. No obstante, ya el secretario general de la ONU, António Guterres, ha verificado con anterioridad al menos 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las RSF en 2024, lo que lo condujo a incluir al grupo armado en la "lista de la vergüenza" de Naciones Unidas por "graves violaciones" contra niños en los conflictos armados.
Por su parte, EAU ha negado en rotundo haber brindado apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, alegando que la asistencia prestada es humanitaria. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por HRW al defender que "las autoridades estatales emiratíes deberían estar, y parecerían estar, plenamente al tanto de las actividades que tienen lugar en territorio emiratí, y específicamente en propiedades gubernamentales y bases militares" porque, ha espetado, se trata de un "Estado autoritario altamente centralizado".
Tras asegurar haber compartido, sin obtener respuesta, resúmenes de sus conclusiones con Global Security Services Group a las autoridades emiratíes y otras partes implicadas en esta cuestión, la ONG ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a "pedir a su grupo de Expertos sobre Sudán que investigue a GSSG, incluido Mohamed Hamdan al Zabi --a quien el fundador Ahmed Mohamed al Humairi transfirió sus acciones--, por su aparente papel de apoyo a las RSF en violación del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU de 2004 sobre Darfur.
Del mismo modo, ha urgido al Consejo a pedir al Grupo que investigue a otros actores, incluidas las empresas privadas que podrían estar ayudando a las Fuerzas de Apoyo Rápido, e imponer sanciones a las personas y entidades que presten dicho apoyo; así como ha abogado por que la Unión Europea y la Unión Africana investiguen a la empresa de seguridad y a Al Zabi "con miras a adoptar sanciones específicas".
"Las víctimas civiles están pagando el precio de la falta de voluntad para denunciar el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido", ha afirmado la directora de HRW en África, Segun, urgiendo, seguidamente, a los "gobiernos a nivel global" a "dejar de aceptar las negativas poco creíbles de EAU respecto a su apoyo a las RSF" a "poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Sudán".