MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado este martes un proyecto de ley contra el crimen organizado conocido como "Antifacciones", inicialmente remitido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pero modificado hasta en seis ocasiones con elementos contrarios a las intenciones del Ejecutivo, que no ha logrado aplazar la tramitación del texto final.
Con 370 votos a favor y apenas 110 en contra, el proyecto de ley ha superado finalmente la Cámara Baja tras una serie de negociaciones marcadas por múltiples idas y venidas sobre la propuesta y por las posiciones enfrentadas entre la oposición y el palacio del Planalto, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'. Tras ello, el texto será presentado en el Senado, aunque si éste introdujese cambios, la norma tendría que volver a ser aprobada por los diputados.
El Ejecutivo pretendía actualizar el sistema legal brasileño en aras de una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra las llamadas "facciones": organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Rojo (Comando Vermelho), objetivo a finales de octubre de la redada policial más letal de la historia de Río de Janeiro con 121 muertos.
Con todo, el diputado del partido de centroderecha Progresistas que ha ejercido como ponente, Guilherme Derrite, --que se ha desempeñado como policía militar-- ha ido más allá de las previsiones del Ejecutivo y ha introducido cambios como la creación de una ley autónoma sobre organizaciones criminales "ultraviolentas", grupos de tres o más personas que emplean la violencia, amenazas graves o coacción para imponer control territorial o social, intimidar a la población o a las autoridades, o atacar servicios e infraestructuras esenciales.
El proyecto crea nuevos tipos penales, entre los que destaca el de Dominio Social Estructurado, que conlleva una pena de entre 20 y 40 años de prisión y está dirigido a miembros de organizaciones criminales ultraviolentas, milicias o grupos paramilitares. Además, las condenas pueden aumentar entre un 50 y un 67 por ciento en casos de liderazgo, uso de tecnología avanzada o reclutamiento de menores, pudiendo alcanzar sentencias de hasta 66 años de cárcel.
Asimismo, el texto tipifica como delito el apoyo al dominio social estructurado, delito grave que abarca actos como proporcionar refugio, armas o información, o incitar a la comisión de delitos, y que estaría castigado con hasta 20 años de prisión.
Tras la aprobación de la versión final, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, ha defendido el proceso alegando que "la función del Parlamento no es aprobar un proyecto sin más y dejarlo pasar", sino "debatir los asuntos y ofrecer la mejor versión posible". "Estoy seguro de que el texto aprobado hoy es la mejor versión para enfrentar el crimen organizado", ha concluido, elogiando asimismo a Derrite por su labor.