Aunque exige garantías para su integridad personal ante la "violencia" en las cárceles ecuatorianas
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha dado luz verde a extraditar a Ecuador a William Joffre Alcívar, uno de los jefes de 'Los Tiguerones', para que sea juzgado por presuntamente participar en la toma a la fuerza de las instalaciones del canal de ese país TC Televisión.
En un auto, recogido por Europa Press, la Audiencia accede a que sea extraditado con la condición de que Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida e integridad personal.
Conocido como 'comandante Willy' en la organización criminal considerada terrorista por las autoridades ecuatorianas, el reclamado rechazó ser enviado a Ecuador por el asalto. "Mi vida corre mucho peligro allá", aseguró en la vista de extradición, celebrada a principios de junio.
Según las autoridades ecuatorianas, el reclamado formaba parte de un grupo que sobre el mediodía del 9 de enero de 2024 entró por la fuerza en las instalaciones del canal TC ubicadas en la ciudad de Guayaquil y mientras se desarrollaba en vivo una transmisión televisiva.
"Todo ello en medio de una ola de violencia que padeció el país", recuerdan, para añadir que, una vez dentro de las instalaciones, neutralizaron al personal y amenazaron a uno de los presentadores con armas de fuego "apuntando a su cabeza" y colocando "elementos explosivos en el bolsillo de su chaqueta, con el fin de que solicitara de rodillas que no le hiciera daño".
POSIBLE DELITO DE TERRORISMO
La Sala de lo Penal entiende que en la legislación ecuatoriana los hechos encajarían en un delito de terrorismo que tendrían su correspondencia con artículos del Código Penal español, además de no apreciar prescripción, cosa juzgada o delito político.
Los magistrados rechazan todos los argumentos alegados por la defensa para denegar la extradición, si bien ven necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega ante la situación de "violencia" en las cárceles ecuatorianas, al igual que ya advirtieron en otra extradición del mismo reclamado.
Por ello, condicionan la entrega a que las autoridades de Ecuador garanticen en el plazo de tres meses haber adoptado medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asegurar los derechos a la vida e integridad personal de las personas recluidas en sus centros penitenciarios.
Y solicitan garantías de que la situación de las prisiones se ha normalizado, "atendiendo a lo que, al respecto, dictaminen los órganos de observación especializados previstos en el sistema de protección regional de los Derechos Humanos".