Publicado 05/07/2026 14:29

Israel.-AMP2.- El Gobierno israelí abre una posible crisis constitucional al rechazar una decisión del Tribunal Supremo

El Ejecutivo desacata una decisión de la más alta instancia judicial sobre la autoridad reguladora de radio y TV

La Fiscalía y la oposición denuncian al unísono un ataque en toda regla contra el Estado de derecho

Archivo - May 5, 2024, Jerusalem, Israel: Bereaved families of fallen IDF soldiers and supporters, most identifying with the nationalist religious Zionist streams, protest at the Prime Ministers Office. Activists block roads and arriving cabinet members c
Archivo - May 5, 2024, Jerusalem, Israel: Bereaved families of fallen IDF soldiers and supporters, most identifying with the nationalist religious Zionist streams, protest at the Prime Ministers Office. Activists block roads and arriving cabinet members c - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

El Ejecutivo desacata una decisión de la más alta instancia judicial sobre la autoridad reguladora de radio y TV

La Fiscalía y la oposición denuncian al unísono un ataque en toda regla contra el Estado de derecho

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este domingo su rechazo a una decisión del Tribunal Supremo del país sobre las actividades de la comisión que regula a la radiotelevisión comercial en la apertura de una posible crisis constitucional.

"Hoy el Gobierno ha aprobado por unanimidad una propuesta para declarar que no reconoce ninguna decisión, medida, nombramiento o acción del Consejo de la Segunda Autoridad mientras el Consejo no cumpla el mínimo contemplado en la ley", ha explicado el Gobierno.

El Tribunal Supremo dictaminó en mayo la suspensión del Consejo de la Segunda Autoridad, organismo regulador de la radiodifusión comercial, después de que organizaciones como la Unión de Periodistas de Israel denunciaran ciertos nombramientos controvertidos realizados por el Gobierno.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, fue acusado por estas organizaciones de imponer miembros afines al Ejecutivo, incluyendo a Ben-Hai Segev como presidenta, a pesar de que ésta se encontraba en el centro de múltiples conflictos de intereses vinculados a sus anteriores funciones en la industria y a su implicación en el juicio por corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El Supremo, el mes pasado, acabó decidiendo que la comisión podría seguir funcionando de todas maneras a pesar de la ausencia de los miembros que el Gobierno pretendía imponer, según los críticos. El Ejecutivo israelí entiende que el dictamen ignora el requisito indispensable de que la autoridad necesita de un quórum de dos terceras partes de sus miembros para funcionar, algo que ahora mismo no existe.

El propio Karhi y el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, han respondido finalmente en redes sociales este domingo que, en una decisión que describieron como "un paso histórico para devolver el Estado judío y democrático al pueblo", el Gobierno ha determinado que "la decisión del Tribunal Supremo con respecto a la Segunda Autoridad es ilegal, y las acciones tomadas en virtud de ella son ilegales".

El Gobierno esgrime que el alto tribunal ha cometido un abuso de poder y suplantado al Parlamento del país en sus funciones. "El Estado de derecho no es el Estado de derecho de los jueces", ha declarado Karhi.

Tras estallar la polémica, el secretario del Gabinete israelí, Yossi Fuchs, ha salido al paso de la noticia alegando que el Gobierno no ha desobedecido al Supremo, sino que ha "criticado" la decisión judicial.

"La declaración, al contrario de lo que dicen las noticias, no contiene una sola palabra sobre pedir no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo", ha argumentado Fuchs en rees sociales. "En cambio sí critica duramente una decisión que contradice la letra de la norma", ha planteado.

Fuchs ha subrayado que "el consejo de ministros ha dicho que recurrirá a todos los medios legales a su disposición para tumbar la decisión en el futuro".

LA OPOSICIÓN Y LA FISCALÍA DENUNCIAN AL GOBIERNO EN TROMBA

La respuesta de la oposición y de la Fiscalía General de Israel, un organismo que lleva años enfrentado a Netanyahu, ha sido inmediata. "El gobierno se ha convertido hoy en delincuente. No es casualidad que esta decisión llegue a pocos meses de las elecciones", ha planteado el líder de la oposición, Yair Lapid.

El líer del partido Yesh Atid ha denunciado que la decisión supone "la destrucción de nuestros cimientos democráticos" y ha advertido de que el Gobierno podría anular las elecciones si cree que va a perder escaños y no daría margen para un recurso judicial. "No somos perdedores. No vamos a ceder ante el intento de borrar la democracia israelí", ha advertido.

Lapid ha afirmado que hay "muchas formas" de combatir esta postura dle Gobierno y ha mencionado que "los tribunales y el Ejército son los que deciden". Cuando lleguen al gobierno "recuperaremos el estado de derecho desde el primer día", ha remachado.

Para Gil Limon, asesor jurídico de la fiscal general y némesis de Netanyahu, Gali Baharav-Miara, "es una normalización de las violaciones sistemáticas de la ley", ha condenado.

"La resolución del Gobierno, en esencia, implica que ignora el dictamen del tribunal. Con ello, el gobierno quiere simplificar enormemente las cosas cada vez que se dicte una decisión que no le agrade", ha lamentado.

El líder del opositor Partido Demócrata, Yair Golan, ha descrito lo ocurrido directamente como un ataque directo al Estado de derecho en Israel. "Este es un gobierno criminal que ha perdido el control", ha declarado Golan mientras que la presidenta del partido, Efrat Reitan, se ha declarado consternada por la negligencia de un Gobierno cuya ilegalidad ha superado "todas las expectativas".

"Un mandato que comenzó con un golpe de Estado judicial", ha declarado en referencia a la reforma impulsada en enero de 2023 por el primer ministro para limitar el alcance de los magistrados, "ha proseguido con miles de muertes y asesinatos, y va a terminar en un estado de anarquía que va a destrozar a este país".

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