June 17, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Leader of Chega ANDRE VENTURA delivers a speech during the fortnightly debate (debate quinzenal) and the preparatory debate for the European Council at the Assembleia da Republica (Portuguese Parliament) in Lisbon. - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha
La decisión final queda en manos del presidente del país, capacitado para declarar un veto político
La medida es "discriminatoria" y "supone una amenaza para los Derechos Humanos", según Amnistía
MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento portugués ha dado 'luz verde' este viernes a un proyecto de ley, impulsado por el partido ultraderechista Chega, para prohibir el uso del burka, la prenda islámica que cubre por completo el cuerpo de la mujer, en una inciativa que ha contado con el apoyo de la coalición conservadora liderada por el primer ministro, Luís Montenegro.
"La propuesta de Chega ha sido aprobada. Se acabaron los burkas en Portugal. Quien odie nuestra cultura puede regresar a su país", ha declarado el líder de la formación ultraderechista, André Ventura, en un mensaje publicado en redes sociales.
La ley todavía tiene que ser firmada por el presidente, António José Seguro, quien puede vetarla o enviarla al Constitucional para certificar su validez. Cabe recordar que, en junio de este año, Seguro bloqueó una ley que habría prohibido exhibir banderas LGBT, climáticas y de otras causas en edificios públicos.
La normativa sobre el burka ya fue aprobada en comisión en octubre de 2025, si bien permaneció estancada durante meses ante las discrepancias entre Chega y el centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), cuya postura se enfocaba más en las razones de seguridad inherentes a ocultar el rostro en espacios públicos en vez de a la cuestión de la religión.
De hecho, el pasado mes de junio, el PSD presentó un proyecto de ley similar, si bien ambas formaciones llegaron a un acuerdo después de que Chega presentara enmiendas a su proyecto de ley, restando importancia a la cuestión religiosa para evitar una posible inconstitucionalidad, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.
Entre los cambios, Chega introdujo un cambio en el nombre del proyecto para reflejar cuestiones de "seguridad y orden público", mientras que también abandonó imponer una pena de prisión de hasta tres años de cárcel por ocultación forzada del rostro, proponiendo, a su vez, una sanción de menos de 700 euros por negligencia y de hasta 3.000 en casos de dolo.
ES UNA "LEY DISCRIMINATORIA", SEGÚN AMNISTÍA
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal, João Godinho Martins, ha afirmado que la legislación es "discriminatoria", "supone una amenaza para los Derechos Humanos" y representa una "amenaza directa" para los derechos de las mujeres musulmanas a la libertad de expresión y libertad de religión.
"A pesar de haber eliminado las referencias directas al islam, que figuraban en versiones anteriores del texto, esta nueva ley vulnera claramente los derechos de las mujeres musulmanas que deciden cubrirse el rostro", ha advertido en un comunicado.
En este sentido, ha insistido en que "nadie debería dictar qué puede o no vestir una mujer, y ninguna mujer debería ser sancionada por practicar su fe, expresar su identidad cultural o manifestar sus creencias. "Lejos de promover los derechos de las mujeres como se pretende, es probable que esta prohibición generalizada tenga el efecto contrario", ha indicado Godinho Martins.
Así, ha subrayado que las mujeres que opten por cubrirse el rostro, "podrían enfrentarse a una mayor exclusión de la vida pública, al aislamiento social o a mayores dificultades para acceder a la educación, al empleo y a los servicios públicos".
"La ley también tiene repercusiones para el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de reunión pacífica, ya que prohíbe específicamente ocultar el rostro durante las manifestaciones. Esto contradice directamente el derecho internacional, que permite dicha práctica para garantizar la posibilidad de participar de forma anónima y prevenir represalias", ha señalado.
Por todo ello, ha instado al presidente a no promulgar la ley --que ha catalogado de "incompatible con las obligaciones de Portugal en materia de Derechos Humanos", además de vulnerar "gravemente" varios derechos consagrados en la Constitución portuguesa-- y a "someterla a una evaluación sobre su constitucionalidad".