January 14, 2026, Guatemala City, Guatemala City, Guatemala: President BERNARDO AREVALO says he is pleased to present his second Government Report, while also stating that there are challenges, but the population encourages them to work. - Europa Press/Contacto/Fernando Chuy
MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha acusado este martes a la Fiscalía del país de no presentar "los cargos correspondientes" contra dos personas detenidas en el marco de las operaciones policiales que han seguido a los motines carcelarios y ataques coordinados contra agentes por parte de pandillas.
"El Ministerio Público se ha negado a hacer los cargos correspondientes y ha pedido que se los consignara solo por portación de armas y narcomenudeo", ha lamentado Arévalo en una entrevista con la cadena CNN.
El dirigente guatemalteco ha ido más allá y ha acusado a la Fiscalía, que no se ha pronunciado acerca de sus declaraciones, de estar "cooptada por redes político-criminales que no imparten justicia, sino que reparten impunidad para permitir que se continúe la corrupción en todos los distintos niveles".
Paralelamente, Arévalo ha alegado que la secuencia de motines y ataques era una respuesta de las principales pandillas del país a las medidas de su Ejecutivo para reducir su influencia en los centros penitenciarios.
Asimismo, ha defendido que el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', considerado el cabecilla de Barrio 18 y señalado por las autoridades como el coordinador de los motines, "quería generar la crisis política tomando las cárceles y arrastrando seguramente una crisis de rehenes, tuvo en 24 horas una respuesta".
Al tiempo, Arévalo ha destacado de la respuesta policial a los ataques pandilleros la detención de 22 presuntos miembros, además de la incautación de un número indeterminado de armas, 205 motocicletas y 73 vehículos.
Sus declaraciones se producen en pleno estado de sitio en el país centroamericano, después de que el propio mandatario decretase la medida por 30 días y de que el Congreso la haya ratificado a fin de combatir a las pandillas señaladas por los motines y los ataques a las fuerzas de seguridad.