Archivo - Una bandera de Israel durante una manifestación. - Thomas Banneyer/dpa - Archivo
MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) han denunciado este miércoles la pena de muerte en Israel y la cadena perpetua a menores en El Salvador, dos nuevas reformas legales que, bajo su punto de vista, "utilizan el Derecho Penal como herramienta de control social".
"Estas medidas suponen un grave retroceso en materia de derechos humanos, garantías procesales y limitación del poder punitivo del Estado", han alertado las asociaciones en un comunicado conjunto.
UPF, JJpD y APDHE han resaltado que estas reformas "no pueden analizarse únicamente como decisiones internas de política criminal", sino como "parte de una tendencia internacional" hacia la "expansión del Derecho Penal de excepción y la erosión progresiva del Estado de derecho".
ISRAEL APLICA UN "SEGREGACIONISMO JURÍDICO"
La nueva reforma legislativa en Israel que permite la pena de muerte mediante ahorcamiento se aplicará "en la práctica contra la población palestina", han denunciado.
Y es una legislación "incompatible" con los Derechos Humanos que combina "la pena irreversible, segregacionismo jurídico, jurisdicciones especiales y reducción de garantías procesales", según el conjunto de asociaciones.
"Cuando el Derecho Penal deja de aplicarse con las mismas garantías para todos, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en un instrumento de poder", han reivindicado.
El SALVADOR "ELIMINA CUALQUIER EXPECTATIVA REAL DE REINSERCIÓN"
En el caso de El Salvador, la reforma legal permite la cadena perpetua para menores de edad, algo que "contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios internacionales de justicia juvenil orientados a la rehabilitación y reinserción social", según han explicado UPF, JJpD y APDHE.
"La privación de libertad de menores debe ser siempre el último recurso", han reclamado, y han señalado que esta reforma "elimina cualquier expectativa real de reinserción" y convierte el sistema penal juvenil en "puramente punitivo".
Las asociaciones han aseverado que "la utilización del Derecho Penal para resolver problemas estructurales de violencia, pobreza, exclusión social o criminalidad organizada", si bien puede generar "resultados inmediatos" en el de control social, "supone a medio y largo plazo un deterioro del Estado de derecho".
EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
Las asociaciones han señalado que "cuando se imponen penas desproporcionadas o irreversibles, el Derecho penal deja de ser "del ciudadano" y se convierte "del enemigo".
Asimismo, han aseverado que "cuando el castigo se convierte en propaganda política deja de ser un instrumento de justicia y pasa a ser un instrumento de un poder sin control ni límites".
"Si la comunidad internacional acepta que los derechos humanos pueden aplicarse de forma selectiva, dejarán de ser derechos humanos para convertirse en privilegios concedidos por los Estados", han denunciado.
UPF, JJpD y APDHE han instado a que los conflictos políticos y sociales deben solucionarse con "políticas públicas" y no con "el castigo extremo".
EL PODER DEL ESTADO "DEBE TENER LÍMITES"
Las asociaciones han remarcado que "el poder del Estado" debe tener límites y que "los derechos humanos no desaparecen de un día para otro", sino que "se erosionan lentamente, en nombre de la seguridad, del orden, de la eficacia o de la lucha contra el enemigo".
"Muchas de las mayores vulneraciones de derechos se han cometido bajo apariencia de legalidad", han alertado y han hecho hincapié en que "las leyes injustas también son leyes", así como que el derecho puede "proteger a las personas" pero también "perseguirlas".