Publicado 04/11/2026 10:28

Bruselas prepara medidas para facilitar la construcción de viviendas y reducir costes en 2027

También plantea retirar la directiva contra el 'ecopostureo' y otras 17 propuestas legislativas en su agenda de simplificación normativa

Archivo - Edificio en construcción.
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BRUSELAS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que presentará en 2027 una propuesta legislativa para reducir las trabas administrativas que afectan a la construcción y rehabilitación de viviendas, con el objetivo de facilitar las obras, abaratar sus costes y aumentar la oferta residencial, dentro de un programa de trabajo que también contempla medidas para aliviar los precios de la energía y la retirada de 18 iniciativas pendientes de aprobación.

El Ejecutivo comunitario pretende contribuir así a afrontar una crisis que, según advierte, se ha convertido en una fuente de preocupación para numerosos europeos, mediante un paquete de simplificación normativa previsto para el segundo trimestre del próximo año, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, aunque todavía no ha concretado qué disposiciones pretende modificar.

"Nuestro objetivo es claro: menos burocracia y complejidad para los ciudadanos, y más margen para que las empresas inviertan, innoven y crezcan", ha defendido el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, durante la presentación del programa de trabajo, en la que ha subrayado que la simplificación también alcanzará a sectores como la banca y el transporte, además de incluir medidas para acelerar la concesión de permisos a proyectos considerados estratégicos.

En materia energética, Bruselas prevé nuevas actuaciones para hacer frente a los elevados precios de la electricidad y los combustibles, entre ellas un paquete legislativo para simplificar las normas del sector a partir de 2030 y la posibilidad de crear un mecanismo que impulse la instalación de bombas de calor, con el fin de reducir el desembolso inicial de los hogares y su exposición al encarecimiento de los combustibles fósiles.

El Ejecutivo comunitario también contempla medidas a corto plazo para optimizar el funcionamiento de las refinerías europeas y una propuesta para aplazar determinadas obligaciones previstas en la normativa sobre emisiones de metano, en un contexto marcado por las dificultades de suministro y el aumento de los costes energéticos.

Por otra parte, el programa recoge una revisión de las directivas europeas de protección de aves y hábitats naturales, incluida la legislación vinculada a la red Natura 2000, prevista para el tercer trimestre de 2027, con el objetivo de determinar si es necesario introducir cambios para mejorar su funcionamiento.

A estas iniciativas se suman un plan europeo contra las olas de calor, nuevas actuaciones para mejorar la gestión del agua y una revisión de los límites de emisiones de CO2 de los vehículos pesados, mientras que en el ámbito social Bruselas prepara un acuerdo europeo sobre cuidados y una estrategia sobre el "derecho a quedarse" para facilitar que los ciudadanos puedan desarrollar su futuro en sus regiones de origen.

BRUSELAS PLANTEA RETIRAR 18 PROPUESTAS

Junto a estas nuevas iniciativas, la Comisión plantea retirar 18 propuestas legislativas que continúan pendientes de aprobación, bien porque apenas han avanzado en las negociaciones, porque podrían generar costes innecesarios o porque, según el Ejecutivo comunitario, ya no responden a las principales prioridades de la Unión.

Entre ellas figura la conocida como 'Green Claims', con la que se pretendía combatir la publicidad medioambiental engañosa mediante requisitos comunes para que las empresas justificaran las afirmaciones de sostenibilidad utilizadas en la comercialización de sus productos.

La lista incluye asimismo la reforma de la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad, bloqueada por la falta de unanimidad entre los Veintisiete, así como las propuestas para establecer normas comunes sobre la tributación empresarial y combatir los retrasos en los pagos entre compañías.

Antes de decidir sobre la retirada definitiva de estos textos, la Comisión estudiará las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo, mientras que su programa de trabajo también contempla la derogación de otras 14 normas vigentes que considera que han dejado de ser adecuadas para sus objetivos.

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