Publicado 20/10/2026 11:36

UE.- La Eurocámara pide reforzar los controles contra el fraude del IVA

Archivo - Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas
Archivo - Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes reforzar la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembro para combatir el fraude del IVA, especialmente en las operaciones comerciales entre países de la UE, mediante un intercambio más rápido de información y mayores controles sobre las transacciones sospechosas, ante unas prácticas que, según las estimaciones recogidas por la Eurocámara, provocan pérdidas de entre 12.500 y 32.800 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe aprobado por el pleno con 357 votos a favor, 271 en contra y 31 abstenciones, en el que los eurodiputados piden utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en tiempo real, reforzar los recursos de los organismos europeos de lucha contra el fraude y establecer obligaciones más claras para recuperar el dinero obtenido ilegalmente y devolverlo, cuando corresponda, al presupuesto comunitario.

Una de las principales preocupaciones de la Eurocámara es el denominado fraude del IVA en cadena o 'fraude carrusel', un mecanismo por el que varias empresas compran y venden mercancías entre distintos países de la UE y una de ellas cobra el impuesto sin ingresarlo a Hacienda, mientras otra solicita su devolución a las autoridades tributarias.

Los parlamentarios advierten de que estas operaciones representan una de las mayores amenazas para los ingresos europeos, por lo que consideran necesario mejorar la coordinación entre las administraciones nacionales para identificar las transacciones fraudulentas antes de que los responsables puedan desaparecer con el dinero recaudado.

En concreto, el texto reclama que los países compartan con mayor rapidez los datos sobre compraventas a través de Eurofisc, la red europea de cooperación contra el fraude fiscal, y que sus sistemas de análisis incorporen inteligencia artificial para detectar movimientos sospechosos entre empresas de distintos Estados miembro.

Asimismo, propone garantizar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea tengan acceso efectivo a la información sobre el IVA y los pagos que necesiten para desarrollar sus investigaciones, respetando las competencias de cada organismo.

MÁS RECURSOS Y CONTROL DEL DINERO RECUPERADO

Por otra parte, los eurodiputados reclaman que el próximo presupuesto de la UE para 2028-2034 reserve financiación y personal especializado suficientes para reforzar la prevención y persecución de estas prácticas, además de introducir mayores garantías para evitar el uso indebido de los fondos comunitarios.

Entre las medidas planteadas figura la obligación de que todos los programas de gasto permitan identificar a los destinatarios finales de las ayudas y a sus propietarios reales, de manera que los auditores e investigadores puedan seguir el recorrido del dinero público y comprobar quién se beneficia de él.

La resolución también defiende establecer normas comunes para coordinar los organismos encargados de combatir las irregularidades y crear un sistema unificado de notificación, apoyado en herramientas digitales que faciliten las investigaciones sin incrementar innecesariamente las cargas administrativas, especialmente para las pequeñas empresas.

En este sentido, el Parlamento pide revisar la legislación europea para fijar responsabilidades más precisas y obligaciones vinculantes de intercambio de información entre la OLAF y la Fiscalía Europea, así como exigir informes periódicos que permitan conocer los resultados de las investigaciones y su impacto económico.

Además, reclama garantizar que los bienes y cantidades confiscados como consecuencia de las actuaciones de la Fiscalía Europea puedan devolverse, total o parcialmente, a las arcas comunitarias cuando corresponda, y que exista un seguimiento de los importes efectivamente recuperados.

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