El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, a su llegada a la Audiencia Nacional por el comienzo del juicio a la empresa asturiana Duro Felguera, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). Están acusados por una serie de presuntos sobornos para la - Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa han negado este lunes haber recibido sobornos millonarios de la empresa Duro Felguera a cambio de mediar para adjudicar a esa compañía un contrato para la construcción de una central termoeléctrica en el país latinoamericano, un proyecto valorado en 1.500 millones de dólares.
La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes con el juicio a Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, Villalobos y Alvarado Ochoa, además de las parejas de estos dos últimos y otras personas, en una primera jornada dedicada a dirimir las cuestiones previas.
De pie desde el banquillo de los acusados, el exviceministro ha respondido "no" después de que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le preguntara si reconocía los hechos. De igual forma, el abogado de Alvarado Ochoa ha precisado posteriormente que su defendido tampoco asumía su culpabilidad.
La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años y seis meses de cárcel, así como multa de 160 millones de euros, para el expresidente de Duro Felguera por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y un delito continuado de falsedad de documento mercantil.
Anticorrupción solicita ocho años y nueve meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para Villalobos --también imputado en el 'caso Leire Díez'--, por tres delitos de falsedad de documento mercantil y otro de blanqueo de capitales, así como 1,6 millones de multa y tres meses de cárcel para Alvarado Ochoa.
El presidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, consistente en el reconocimiento de los hechos a cambio de una rebaja de la condena, por lo que el proceso ha terminado para él.
De igual forma, Jesús Barrios, señalado como presunto testaferro de Villalobos, se ha declarado culpable de los hechos por los que se le acusaba en el juicio, que ha seguido por videoconferencia desde Estados Unidos por motivos médicos y que también ha acabado en su caso.
"VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES"
El abogado de Nervis Villalobos ha solicitado anular las pruebas recabadas por la Policía Nacional en los registros de Duro Felguera en 2017, aduciendo que el informe policial que motivó esta diligencia se amparaba en una información de un 'pendrive' que llegó "ilegalmente", de forma anónima y sin línea de custodia a la Fiscalía Anticorrupción.
El letrado ha denunciado la "vulneración de derechos fundamentales" de su defendido durante la investigación y ha acusado a la Policía y la Fiscalía de haber incurrido en "irregularidades" durante el proceso.
Además, Villalobos ha sufrido "indefensión" desde que se inició la causa contra él, puesto que no ha podido aportar pruebas que le exculparían del proceso, según el abogado. "No se ha aportado más documentación de pruebas de descargo porque reside en Venezuela, tiene prohibido salir de España y nunca se le ha permitido acceder tras la entrada y registro de su casa", ha indicado.
Asimismo, el letrado ha argüido que los hechos por los que su cliente se sienta en el banquillo de los acusados ya han sido investigados y archivados en Venezuela, y que algunos de los delitos de los que se le acusa ya han prescrito.
"INDEFENSIÓN" DE VARIOS ACUSADOS
Seguidamente, el abogado de Alvarado Ochoa ha alegado "indefensión" de su defendido al indicar que no ha quedado acreditado quién ha cometido el supuesto delito de corrupción en los negocios internacionales necesario para el posterior presunto delito de blanqueo de capitales que se le achaca a Ochoa.
El abogado ha reclamado la testifical del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, alegando que el contrato bajo sospecha fue consecuencia de un acuerdo marco entre los gobiernos de España y Venezuela.
"Sin deliberar, ninguno de los dos. Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren", ha respondido con sorna el presidente del tribunal, Alfonso Guevara.
Más tarde, la abogada de Milagros Coromoto, esposa de Nervis Villalobos, se ha adherido a las cuestiones previas formuladas por la defensa de su marido y ha reivindicado la "inexistencia" de conductas delictivas por su parte, señalando asimismo que en su caso se ha producido una "indefensión material" por el "carácter prospectivo de las diligencias de investigación", lo que, bajo su punto de vista, ha evitado que el proceso se haya llevado a cabo con todas las garantías.
Tras adherirse a las cuestiones previas planteadas por el resto de defensas, la letrada de Mariela Consuelo Pardí, esposa de Alvarado Ochoa, ha negado la intervención de su defendida en los hechos investigados y también ha subrayado que la responsabilidad penal habría quedado extinguida por el paso del tiempo.
LOS HECHOS QUE SE JUZGAN
Fue en julio de 2023 cuando el juez instructor, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y cuatro empresas. En cuanto a la docena de investigados, el magistrado apuntaba a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo "una gran crisis energética en Venezuela" que llevó a restricciones y una declaración de "emergencia eléctrica".
El instructor relató que, "como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica 'Planta El Sitio', en Santa Lucía (estado de Miranda)" con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
"Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera" y "ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación", indicó.
Moreno detalló que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como unión temporal de empresas (UTE) Termocentro, que firmó "una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".
En concreto, precisó que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de "sociedades interpuestas" a fin de que "éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil".
El magistrado afirmó que fue ese "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.