CIUDAD REAL 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El empresario agrícola J.G.F.S., de nacionalidad ecuatoriana y afincado en Bolaños de Calatrava, ha aceptado este martes una pena de dos años de prisión tras reconocer los hechos de los que se le acusaba por la explotación laboral de once inmigrantes en situación irregular en distintas campañas entre 2021 y 2022.
El acuerdo de conformidad se ha alcanzado después de que el acusado haya aceptado reconocer los hechos y la Fiscalía haya rebajado su petición inicial de cuatro años de cárcel a dos, al adherirse también la acusación particular.
Además de la pena de prisión, el acusado ha aceptado una multa de seis meses con cuota diaria de siete euros, frente a la petición inicial de diez meses de multa con una cuota de doce euros diarios.
La pena de prisión no se hará efectiva al ser la condena a dos años y no contar el acusado con antecedentes computables a efectos de reincidencia.
Los hechos reconocidos por el empresario se corresponden con los recogidos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, en el que se describe cómo once inmigrantes, la mayoría llegados a España en patera, acabaron trabajando para su empresa, Agroservicios Dumisan, en campañas como la cebolla, el pimiento, la vendimia o la aceituna.
Según la acusación, los trabajadores realizaban jornadas de entre once y doce horas diarias, con apenas media hora para comer y sin descanso semanal, cobrando en torno a 40 euros al día.
En algunos casos, ni siquiera percibían el salario, mientras que en otros el empresario les descontaba gastos como el combustible empleado para trasladarlos a las fincas.
El procedimiento judicial partía de la acusación de un delito contra los derechos de los trabajadores por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras sin autorización de residencia ni trabajo, a las que empleaba sin contrato ni alta en la Seguridad Social, en condiciones laborales consideradas abusivas por la Fiscalía.