Archivo - Imagen de archivo de la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han remitido una carta a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante los cambios de sexo registral en casos de agresores de violencia machista.
La organización de mujeres ha advertido de las consecuencias que está produciendo la denominada 'Ley Trans' en los procedimientos por violencia de género y ha señalado que la rectificación registral del sexo de los investigados, que pasan a figurar legalmente como mujeres, está desactivando los derechos y mecanismos de protección de las víctimas
En concreto, ha solicitado a la Fiscalía que se identifiquen, cuantifiquen y evalúen los procedimientos en los que un hombre investigado por violencia contra su pareja o expareja mujer haya realizado una rectificación registral del sexo, incluyendo sus consecuencias sobre la competencia judicial y sobre los derechos y mecanismos de protección de las víctimas.
También considera necesario que la Fiscalía establezca mediante instrucción, circular o criterio general unas pautas homogéneas de actuación "que garanticen que ninguna mujer pierda la cobertura reconocida" por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "como consecuencia del cambio del sexo registral de su agresor".
MÁS DE 120 CASOS
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha identificado más de 120 casos en que la rectificación registral del sexo está "neutralizando las acciones positivas" destinadas a las mujeres y "provocando la pérdida de las protecciones específicas reconocidas a las víctimas de la violencia masculina, entre otros impactos".
Según ha revelado, "se están produciendo procedimientos en los que la consideración del sexo registral del agresor termina prevaleciendo sobre la realidad que fundamentó la creación de ese sistema especializado: un hombre ejerciendo violencia contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja".
"El resultado es paradójico. El Estado mantiene un sistema especializado para proteger a las mujeres frente a esa violencia y, al mismo tiempo, una modificación registral realizada al amparo de otra ley provoca que determinados hechos queden fuera de ese mismo sistema", ha denunciado.
Para la Alianza, este "conflicto" puede resolverse reconociendo que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género opera sobre el sexo de agresor y víctima, no sobre el sexo registral que pueda constar posteriormente en el Registro Civil.
"La ficción jurídica creada a efectos registrales no puede modificar la realidad material sobre la que el legislador construyó el sistema de protección frente a la violencia contra las mujeres ni convertir en jurídicamente irrelevante el sexo del agresor. Mucho menos puede producir como consecuencia que una mujer pierda derechos precisamente porque el hombre que la agrede ha pasado a figurar registralmente como mujer", ha subrayado.