Archivo - Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, a 18 de enero de 2024, en Madrid (España). El Ministerio del Interior ha dispuesto el traslado bajo custodia policial al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche d - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Jesuita Migrantes (SJM) ha pedido al Ministerio del Interior que informe y facilite el procedimiento extraordinario de regularización a los 212 migrantes internados actualmente en los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) activos en España, al igual que ha hecho en las cárceles.
En este sentido, el coordinador de los programas de visita a CIE del SJM, Iván Lendrino, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es "positivo" el proceso de regularización pero avisa de que "conviene poner los ojos en algunas realidades que corren el riesgo de sufrir cierta discriminación en cuanto al acceso al procedimiento".
Igualmente, explica que no les consta que se haya desplegado una comunicación específica y organizada en los centros para informar a las personas internadas sobre la posibilidad de acogerse al procedimiento.
Esta situación, según defiende, contrasta con prácticas aplicadas en el ámbito penitenciario, donde el Ministerio del Interior sí ha que facilitado información para garantizar que las personas privadas de libertad conocieran la existencia del proceso extraordinario. Si bien, el Real Decreto establece como requisito para acceder a la regularización que los migrantes no tengan antecedentes penales, el Ejecutivo defiende que hay que preservar el derecho de los migrantes presos preventivos que no tienen antecedentes penales, independientemente de que posteriormente se admita o no a trámite su solicitud.
Lendrino indica que "es un gesto que se echa en falta" por parte del Gobierno en los CIE, porque las personas que están internadas "son personas extranjeras, privadas de libertad". "La mayor parte de las personas que están en CIE por estancia irregular cumplen el perfil y no se debe dar por sentado que hay personas que puedan tener antecedentes, no se debe dar por sentado que las personas en CIE no van a poder aplicar", destaca.
A su juicio, "se echa en falta" que Interior tome "medidas específicas" dentro de los CIE "para asegurarse de que todas las personas son informadas de que existe la regularización". "Evidentemente, las personas migrantes lo saben, pero es responsabilidad del que tutela, del que priva de libertad en CIE, informar a las personas de que este procedimiento está en curso y facilitar el acceso a el mismo a través de habilitar espacios con profesionales destinados por la Administración para examinar el perfil de aquellos que quieran solicitar, facilitar el acceso a todo aquello que conlleva la solicitud, a recabar documentación que justifique su arraigo, a solicitar cancelar penales si así fuera, porque la mera solicitud no paraliza la expulsión", argumenta.
De la misma manera, Lendrino precisa que las personas internadas en CIE "en cualquier momento pueden ser expulsadas" a su país, por lo que asegura que es "muy importante" que "cuanto antes" Interior genere una "política específica" para informar a migrantes, ya que el proceso para presentar la solicitud de regularización acabará el 30 de junio.
"CUESTIÓN DE VOLUNTAD"
"No son muchas personas a las que hay que orientar y facilitar el acceso al procedimiento. Es cuestión de voluntad, de cuidar que en todos los CIE los profesionales que están dentro, tanto de Interior como de las entidades que prestan la atención social interna, no las ONG que visitamos, tomen como responsabilidad asegurarse de que las personas conocen la regularización y facilitar el acceso al procedimiento", subraya.
También explica que estas personas "no van a poder desplazarse a Correos a presentar el informe, porque no van a tener tiempo para recabar toda la información, porque no van a poder gestionar muchos procedimientos". Por ello, apela a la "responsabilidad" para informar y habilitar "procesos ágiles", con el objetivo de que "puedan examinarse los casos y facilitar su acceso a este derecho".
Según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Europa Press, el CIE de Algeciras alberga a 33 personas, el de Aluche (Madrid) a 62, el de Zapadores (Valencia) a 32, el de Zona Franca (Barcelona) a 52, el de Murcia a 25, el de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) a tres, y el de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) a cinco.
Fuentes de este departamento recalcan a Europa Press que todas las actividades desarrolladas en los centros se llevan a cabo salvaguardando los derechos y libertades reconocidos a las personas extranjeras por el ordenamiento jurídico.
Además, precisan que es al juez al que le corresponde conocer las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales y visitar los centros cuando conozca algún incumplimiento grave o lo considere conveniente.
En esta línea, exponen que la duración máxima del internamiento es de 60 días, sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.
Finalmente, apuntan que los extranjeros tienen derecho a ser informados a su ingreso de su situación, haciéndoles entrega de un boletín informativo, redactado en su idioma o en otro que le resulte inteligible. Este tendrá información acerca de sus derechos y obligaciones, de las normas de régimen interior y de convivencia a las que deberá ajustar su conducta, de las normas disciplinarias aplicables, de su derecho a dirigir peticiones y quejas al juez competente para el control de la estancia en el centro cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales y de los medios para formular peticiones y quejas.
EN 2024 INGRESARON EN CIE 1.863 MIGRANTES
Un total de 1.863 migrantes ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024, 222 menos que en 2023, según se desprende del informe 'Raíces Tras los Muros', del Servicio Jesuita Migrante (SJM), presentado en el Congreso de los Diputados en septiembre del año pasado.
El SJM señala en el informe que la mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). En cuanto a las repatriaciones forzosas, a lo largo de 2024 se registraron un total de 3.286. De ellas, 2.923 correspondieron a expulsiones (88,95%) y 363 a devoluciones y salidas obligatorias (11,05%). El 31,56% (1.037) de las 3.286 se ejecutaron desde CIE.
La duración media del internamiento en CIE es de 33,66 días, según el SJM, que pidió "mayor transparencia" por parte de la Administración y que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos.